Los ataques contra edificios públicos en México reabren el debate sobre la capacidad de las autoridades para contener la violencia. Para República Dominicana, la crisis haitiana plantea una pregunta más urgente: ¿qué ocurre cuando el Estado pierde terreno frente al desorden?
Los disturbios registrados en Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, dejaron daños en edificios gubernamentales y judiciales, luego de que un grupo de personas encapuchadas irrumpiera en medio de una movilización ciudadana por el acceso a agua potable limpia.
Los hechos ocurrieron el domingo 18 de octubre, durante una jornada de protestas en la que también se denunciaba la actuación policial contra manifestantes en días anteriores. Según reportes de medios mexicanos, los encapuchados lanzaron objetos y artefactos incendiarios, rompieron cristales y provocaron daños en las instalaciones del Congreso estatal y del Palacio de Justicia. También se reportaron incidentes en el Palacio de Gobierno.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó los actos violentos y sostuvo que quienes provocaron los destrozos no representaban a los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. Los organizadores de las protestas también denunciaron presuntas acciones destinadas a desvirtuar sus reclamos. Estas versiones forman parte de las posiciones expresadas por los involucrados y no deben confundirse con conclusiones judiciales definitivas.
La advertencia que República Dominicana no debería ignorar
Aunque los acontecimientos de Jalisco tienen causas y características distintas a la crisis haitiana, dejan sobre la mesa una cuestión fundamental para cualquier país: la importancia de preservar el orden público, proteger las instituciones y responder a tiempo ante las amenazas a la seguridad.
Para República Dominicana, este debate adquiere una dimensión particular por la situación que atraviesa Haití, donde las bandas armadas han ampliado su capacidad de control y han afectado el funcionamiento de servicios esenciales, las rutas de transporte y la vida cotidiana de millones de personas.
Un informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, correspondiente a 2026, advierte que los grupos armados mantienen capacidad operativa y redes de abastecimiento de armas y municiones, pese a los esfuerzos de las autoridades por recuperar territorios. El documento también señala que la respuesta de seguridad continúa limitada por la falta de recursos y de una estrategia nacional suficientemente coordinada.
La situación haitiana demuestra que las crisis de seguridad pueden agravarse cuando las instituciones no logran contener a los actores violentos y garantizar el funcionamiento de las actividades esenciales. No significa que República Dominicana esté destinada a vivir el mismo escenario, pero sí que la prevención y el fortalecimiento institucional no pueden tratarse como asuntos secundarios.
Prevenir antes de que la crisis avance
El desafío dominicano consiste en mantener la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley, combatir las redes criminales, controlar el tráfico ilegal de armas y proteger a la población, sin descuidar los derechos de quienes ejercen pacíficamente su derecho a protestar.
La crisis de Haití también exige una respuesta internacional más eficaz. El presidente Luis Abinader ha pedido ante las Naciones Unidas mayor respaldo para la misión internacional de seguridad y un control más estricto del tráfico de armas que alimenta la violencia en el país vecino.
Los destrozos en Jalisco y la crisis haitiana no son fenómenos equivalentes. Sin embargo, ambos colocan sobre la mesa la relevancia de la autoridad institucional y la prevención de la violencia.
Para República Dominicana, la lección es actuar antes de que los problemas de seguridad alcancen una dimensión difícil de controlar. Esperar a que las instituciones pierdan capacidad de respuesta puede convertir una amenaza prevenible en una crisis mucho más costosa para toda la sociedad.




