Un total de 20 personas han muerto durante operativos de la Policía Nacional en los primeros días de octubre, luego de que septiembre cerrara con 55 fallecimientos registrados bajo la clasificación de acción legal, la cifra mensual más alta reportada este año por la institución.

Los datos fueron publicados por Diario Libre este martes 13 de octubre, en un contexto de creciente preocupación por las muertes ocurridas durante presuntos enfrentamientos entre agentes policiales y personas señaladas por distintos delitos.

Según los informes preliminares de la Policía, los fallecidos eran investigados o buscados por presuntos vínculos con homicidios, robos a mano armada y despojo de motocicletas, entre otros hechos. Algunos también tenían órdenes de arresto pendientes.

La Procuraduría no detalla las investigaciones

El debate sobre estos casos también se centra en la respuesta del Ministerio Público. Diario Libre solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) estadísticas sobre las muertes registradas en intervenciones policiales, la cantidad de investigaciones realizadas, los agentes sometidos a la justicia y los protocolos utilizados para esclarecer cada fallecimiento.

Sin embargo, la institución no suministró las cifras solicitadas ni precisó cuáles procedimientos aplica cuando una persona muere durante una intervención policial. La Procuraduría justificó su respuesta alegando la reserva de las investigaciones penales y la protección de datos personales.

Entre las diligencias sobre las que se solicitaron explicaciones figuran la realización de autopsias, análisis balísticos, entrevistas a testigos y revisión de grabaciones. La falta de información pública impide establecer, a partir de los datos disponibles, cuántos casos han concluido con determinaciones judiciales sobre la legalidad del uso de la fuerza.

Abogados piden investigaciones independientes

En medio de la situación, un grupo de ocho abogados, encabezado por Carlos Balcácer, solicitó al Ministerio Público una investigación inmediata e independiente sobre al menos 47 muertes de jóvenes ocurridas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre.

Los juristas cuestionan que los fallecimientos sean presentados como resultado de enfrentamientos o actuaciones legales sin que, según denunciaron, se haya esclarecido de manera independiente la responsabilidad de los involucrados.

Para investigar los casos, solicitaron examinar autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, documentos procesales y testimonios de familiares y testigos presenciales. También reclamaron que se determinen las posibles responsabilidades penales cuando existan elementos que lo justifiquen.

Abinader llama a entregarse a quienes tienen órdenes pendientes

En paralelo, el presidente Luis Abinader ha exhortado a las personas con órdenes de arresto pendientes a presentarse ante la Justicia, al advertir que la Policía continuará buscándolas si no lo hacen.

La Policía informó que tenía 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución, distribuidas en 31 clasificaciones delictivas.

El aumento de las muertes durante operativos policiales mantiene abierto el debate sobre la seguridad ciudadana, la persecución del delito y los mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales.

La clasificación de un fallecimiento como resultado de una acción legal no constituye, por sí sola, una decisión judicial que determine si el uso de la fuerza fue legítimo. El esclarecimiento de cada caso requiere examinar las circunstancias y las pruebas correspondientes.